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Las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue en su conjunto expresan su preocupación y repudio al irregular allanamiento llevado adelante por la Policía Federal Argentina en las residencias universitarias de la sede “Campus General Roca”

.El rector de la UNCo, Licenciado Gustavo Crisafulli indicó que mañana, lunes 11 de diciembre, concurrirá con el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Lic. Andrés Ponce de León y la decana de la Facultad de lenguas, Profesora María Alejandra Olivares a solicitar explicaciones a las autoridades de la Justicia Federal con sede en la ciudad rionegrina como así también solicitar explicaciones sobre le accionar policial. Cabe destacar, que la orden de allanamiento exhibida por la Policía Federal no llevaba firma de juez federal alguno, lo que coloca al ingreso de la fuerza policial en una palmaría ilegalidad, puesto que viola el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, el cual expresa: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida.”Asimismo, de manera contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir todo acto estatal, el allanamiento se desarrolló con una violencia y despliegue policial inusitado, que trajo como consecuencia innecesarios daños al patrimonio de la FADECS, y lo que es mucho más grave, la comisión de diversas vejaciones a los derechos y garantías constitucionales de los estudiantes de las Residencias, lo que se agravó por la insólita negativa de los funcionarios policiales de permitir el ingreso de abogados, que además resultan ser docentes de nuestra casa de estudios.Si bien no consentimos, ni avalamos el incumplimiento de ley alguna por parte de los miembros de la comunidad universitaria, consideramos que a priori, de las escasas pruebas que obran en el expediente y de los resultados del allanamiento -que por otra parte, resultan susceptibles de planteos de nulidad, por la dudosa validez jurídica de la orden de allanamiento- resultaría que nos encontramos ante situaciones análogas al fallo “Arriola” de la CSJN y por ende, conductas protegidas por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

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